La educación es un pilar fundamental para lograr una sociedad más justa y cohesionada y un desarrollo económico y social verdaderamente inclusivo y sostenible. Así lo afirma Daniela Trucco, Oficial de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el artículo “Mejorar la educación es crucial para un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible”, publicado en la edición n.º 141 de la Revista de la CEPAL.

En su análisis, Trucco destaca que pese a los importantes avances alcanzados por la región en términos de cobertura educativa —especialmente en la primaria, donde la tasa de finalización se acerca a la universalidad (93,3%)—, persisten brechas significativas en términos de desigualdad, calidad del aprendizaje y pertinencia formativa. La educación secundaria, por ejemplo, sigue presentando tasas de conclusión dispares: 79,1% en la secundaria baja y apenas 63,7% en la secundaria alta, con marcadas diferencias entre contextos urbanos y  rurales, así como entre estratos socioeconómicos.

Sumado a los desafíos pendientes de cobertura, el artículo plantea una crisis de aprendizajes y limitaciones del sistema educativo para asegurar que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI ni para impulsar una transformación productiva orientada a la sostenibilidad. Por ello, el artículo plantea avanzar hacia una agenda educativa que priorice la inversión en la primera infancia, eleve la calidad de la enseñanza y promueva una formación articulada con el mundo del trabajo y los sectores productivos.

El artículo también aborda la inclusión de niñas y mujeres en los distintos niveles educativos, destacando que, aunque sus tasas de finalización son superiores a las de los hombres, persisten desigualdades en áreas clave como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). Las niñas continúan subrepresentadas en estas disciplinas, especialmente en niveles superiores, y enfrentan mayores obstáculos para permanecer en ellas.

Además, se hace un llamado urgente a implementar políticas educativas inclusivas que consideren a grupos históricamente marginados, como los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad. Se propone el desarrollo de sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar y una redistribución equitativa de los recursos de apoyo escolar, psicopedagógico y psicosocial.

Las recomendaciones del artículo también apuntan a eliminar barreras que dificultan el acceso a la educación, como los exámenes de admisión, los costos ocultos o la falta de transporte. Otro aspecto relevante es la necesidad de una mayor articulación con otras áreas de la política pública, en particular con los sistemas de protección social. En esta línea, se propone fortalecer el apoyo a los ingresos de los hogares y promover políticas de cuidados que favorezcan las trayectorias educativas de las mujeres, junto con iniciativas en los ámbitos de la salud, el empleo y la movilidad.

En un contexto marcado por la incertidumbre y los rápidos cambios tecnológicos y laborales, la investigación en materia educativa para la región destaca la necesidad de políticas de formación continua a lo largo del ciclo de vida, incluyendo programas técnicos y profesionales de corta duración.

Finalmente, se insiste en la importancia de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema educativo y de avanzar hacia un nuevo pacto social, político y fiscal que reconozca y potencie el rol estratégico de la educación como motor del desarrollo y de la reducción estructural de las desigualdades en América Latina y el Caribe.