América Latina y el Caribe se enfrenta a un complejo escenario económico, laboral y social, marcado por la persistente informalidad, el bajo crecimiento, la fragmentación institucional y altos niveles de pobreza y desigualdad. En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) subraya la urgencia de avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, que permitan consolidar pactos sociales y fiscales con amplio respaldo ciudadano.

Así lo plantea Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, en el artículo titulado “Protección social universal, integral, sostenible y resiliente para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y avanzar hacia un desarrollo social inclusivo”, publicado en el número 141 de la Revista CEPAL. En él se examinan los principales desafíos estructurales de la región y se propone una hoja de ruta para fortalecer los sistemas de protección social como pilares de los Estados de bienestar.

El artículo destaca el papel histórico de la CEPAL en la promoción de políticas sociales basadas en los derechos y en un enfoque de ciclo de vida. Desde el documento de posición de 2000, el organismo ha defendido que las políticas sociales deben ser universales, solidarias y eficientes. Esta visión ha sido respaldada por numerosos estudios de la institución que muestran que la protección social combate la pobreza y reduce las desigualdades, impulsando al mismo tiempo una estrategia efectiva de desarrollo social inclusivo.

El artículo examina algunos de los debates que han marcado la evolución de la protección social en la región, como la tensión entre universalidad y focalización, la sostenibilidad financiera de las políticas sociales y la necesidad de una coordinación intersectorial y multinivel. Además, resalta que la creciente demanda ciudadana por mayor protección representa una oportunidad para impulsar reformas estructurales de largo plazo.

Entre los principales desafíos, se destaca la necesidad de alcanzar una cobertura universal efectiva, consolidar instituciones sociales sólidas, establecer mecanismos de financiamiento progresivos y sostenibles, y fortalecer las capacidades estatales para una gestión integrada. Al mismo tiempo, se abren oportunidades para incorporar otros enfoques —como la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género y la adaptación a los cambios tecnológicos— en línea con la Agenda 2030.

Finalmente, el autor subraya que la CEPAL promueve el desarrollo de sistemas de protección social basados en un enfoque de derechos y de ciclo de vida, que acompañen a las personas desde la primera infancia hasta la vejez, incluyendo a jóvenes, trabajadoras y trabajadores —tanto remunerados como no remunerados—. Estos sistemas deben orientarse a erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y construir un desarrollo social verdaderamente inclusivo. En esta visión, la alta desigualdad se entiende también como un obstáculo estructural que limita el crecimiento, frena el desarrollo y pone en riesgo la sostenibilidad futura de la región.

Arenas de Mesa advierte que América Latina y el Caribe enfrenta hoy una doble trampa: bajo crecimiento económico y altos niveles de pobreza y desigualdad. Ante este panorama, insiste en la urgencia de adoptar medidas sostenibles que permitan consolidar sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Para ello, será clave avanzar hacia pactos sociales amplios, que cuenten con respaldo ciudadano y político, acompañados de nuevos contratos fiscales que garanticen los recursos necesarios y aseguren la estabilidad requerida para un desarrollo social verdaderamente inclusivo.